Congreso aprueba informe final contra el ex-presidente Vizcarra
El informe final lo señala responsable de nombramiento ilegal y negociación incompatible durante su gestión.
La Comisión Permanente del Congreso de la República, presidida por José Jerí, aprobó por 15 votos a favor, tres en contra y una abstención, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El documento recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (Artículo 399 del Código Penal) y nombramiento ilegal (Artículo 381), en agravio del Estado.
La Denuncia Constitucional 424, presentada originalmente por la ex-fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, sostiene que Vizcarra Cornejo se interesó indebidamente en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado. La acusación se basa en que dicho abogado no cumplía con los requisitos legales para ejercer el cargo, el cual se concretó mediante la Resolución 017-2020-JUS, con fecha 1 de febrero de 2020. Tras la votación, el titular del Parlamento, José Jerí, informó que todos los actuados serán remitidos a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a ley. Jerí también precisó que el expresidente Vizcarra fue debidamente notificado por diversas vías, incluyendo WhatsApp y correo electrónico, para ejercer su derecho de defensa.
Ex-ministra Revilla es excluida por plazo vencido
La denuncia constitucional original también incluía a la ex-ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara. Durante la sesión, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones Soriano, informó que la prerrogativa de antejuicio respecto a la ex-ministra ya habría vencido, dado que la resolución de nombramiento data del 1 de febrero de 2020 y Revilla dejó el cargo el 13 de febrero de 2020.
Por su parte, la ex-ministra Revilla, quien intervino de manera virtual, sostuvo que las acusaciones en su contra «carecen de sustento constitucional ni legal» y solicitó el archivamiento, destacando que la trayectoria de Soria Luján lo califica para la defensa jurídica del Estado. La congresista Gladys Echaíz también advirtió que la facultad del Parlamento para proceder con cualquier acusación contra Revilla había caducado en enero de 2025.
