PJ dispone detención preliminar por 7 días de suboficial PNP Luis Magallanes
Esta madrugada, el Poder Judicial (PJ) dispuso la detención preliminar por siete días del suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por el presunto delito de homicidio calificado contra Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la movilización social registrada el pasado 15 de octubre en el centro de Lima; mientras que declaró infundado el pedido en el mismo sentido contra el suboficial PNP Omar Saavedra.
El juez Abel Centeno Estrada, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, condujo la audiencia para convalidar la detención preliminar por flagrancia delictiva contra ambos suboficiales PNP que tras un intervalo se reanudó a la 01:39 a. m. y culminó a las 02:52 a. m.
Detalló que la detención preliminar judicial de Magallanes culminará el 23 de octubre de 2025 y que «pese a que no se le pone restricciones a Saavedra, este se encuentra en la obligación de concurrir a todas las diligencias que programe el Ministerio Público y en las que se solicite su presencia».
La defensa técnica de Luis Magallanes anunció que apelará la decisión del juez dentro del plazo de ley (un día). La defensa técnica de Omar Saavedra no respondió al llamado telefónico que se le hizo para notificarle la decisión del juez, por lo que se le otorgó un plazo de 48 horas para elevar un informe en el que explique por qué no se conectó a la audiencia.
Durante su argumentación, el juez Centeno explicó que al tratarse de un único disparo el que habría ocasionado el fallecimiento de Eduardo Ruiz, se considera que el suboficial PNP Magallanes se encontraría implicado en el fallecimiento mientras que se descarta, al menos de manera preliminar, la participación de Saavedra en el hecho.
Según el juez, Magallanes «solo cuenta con arraigo laboral» al existir un «vínculo con la Policía Nacional del Perú», pero «no existe arraigo familiar» y el «arraigo domiciliario es de intensidad muy baja», ya que es vive «en un domicilio alquilado».
Durante la audiencia, el fiscal provincial Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, argumentó que ninguno de los dos efectivos policiales cuenta con arraigo laboral, familiar ni domiciliario.
