Ministerio Público investiga a José Jerí por presuntas reuniones no registradas con empresarios chinos –
La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar reservada contra el presidente José Jerí, tras revelarse reuniones fuera de la agenda oficial con ciudadanos chinos vinculados a sectores bajo cuestionamiento.
La pesquisa, confirmada por el Ministerio Público, busca determinar la existencia de los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado, centrando la atención en encuentros sostenidos en establecimientos comerciales y visitas a Palacio de Gobierno que no habrían seguido los protocolos de transparencia.
Las diligencias se formalizaron el 15 de enero de 2026, luego de que reportes periodísticos evidenciaran una reunión el 26 de diciembre en un restaurante y otra el 6 de enero en el local Capón Market, propiedad del empresario Zhihua Yang. A estas citas se añaden tres ingresos a la casa de Gobierno de Ji Wu Xiaodong, quien enfrenta investigaciones por crimen organizado y tala ilegal, y cuenta con una orden vigente de arresto domiciliario.
Limitaciones procesales y marco del Tribunal Constitucional
El proceso se rige por las directrices del Tribunal Constitucional (TC), que restringe las acciones fiscales contra un mandatario en funciones para evitar la perturbación de su cargo. Bajo este marco, el Ministerio Público solo podrá realizar diligencias específicas: tomar declaración al presidente (máximo dos veces), solicitar información y requerir documentos. Una vez agotadas estas actuaciones limitadas, la causa deberá ser suspendida hasta la finalización del mandato presidencial de Jerí.
Mediante el Oficio N° 000116-2026-DP/SGDP, remitido este 19 de enero, la Presidencia de la República comunicó al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, la disposición del jefe de Estado para colaborar con las indagaciones.
El documento, suscrito por el secretario general Benito Villanueva, sostiene que el mandatario brindará las aclaraciones pertinentes en respeto al orden constitucional y bajo el principio de transparencia, en un intento por mitigar la sensibilidad política generada por las reuniones no declaradas.
