Oficializan a Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación y programan su juramentación –
Tras la destitución de Espinoza, la llegada de Tomás Gálvez busca normalizar la conducción del Ministerio Público.
El Ministerio Público oficializó la designación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como Fiscal de la Nación para el periodo 2026–2029. La medida, ratificada por la Junta de Fiscales Supremos y publicada en el diario oficial El Peruano, pone fin a la etapa de interinato iniciada tras la destitución definitiva de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Elección interna y juramentación
La elección de Gálvez se consolidó el 23 de marzo mediante votación secreta de los fiscales supremos titulares. Según el cronograma establecido, el nuevo titular del Ministerio Público prestará juramentación el viernes 27 de marzo, iniciando formalmente una gestión de tres años. Previo a este nombramiento, Gálvez ejercía como fiscal de la Nación interino desde septiembre de 2025.
Antecedentes y blindaje político
La trayectoria de Gálvez ha estado marcada por severos cuestionamientos, destacando su vinculación con el caso “Cuellos Blancos del Puerto” y la organización “Los Gánsters de la Política”. A pesar de las investigaciones fiscales en su contra, el Congreso de la República archivó las denuncias constitucionales, permitiéndole mantenerse como fiscal supremo titular. Su perfil es percibido como cercano a la mayoría parlamentaria, en un contexto de constantes tensiones entre el Legislativo y el sistema de justicia.
Giro estratégico y desactivación de equipos especiales
Durante su fase interina, Gálvez impulsó una reestructuración radical del Ministerio Público, cuya medida más polémica fue la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip (investigaciones de protestas sociales).
- Reorganización penal: El fiscal argumentó que la disolución buscaba centralizar las investigaciones en fiscalías especializadas para mejorar la eficiencia.
- Impacto en casos emblemáticos: Las decenas de carpetas fiscales de estos equipos fueron redistribuidas a otras unidades, lo que generó críticas sobre el posible debilitamiento de la lucha contra la corrupción de alto nivel y la defensa de los derechos humanos.
Con la oficialización de su cargo, se espera que esta nueva estrategia institucional se consolide bajo una conducción que, según la resolución, busca cerrar la crisis de incertidumbre operativa que afectó a la institución en los últimos meses.
