95% de economistas recomienda demandas de inconstitucionalidad contra leyes de gasto público –
El Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que el 95 % de los economistas del país recomienda observar y presentar demandas de inconstitucionalidad contra leyes con alto impacto fiscal. Según la tercera edición de la encuesta “Los principales economistas opinan” de marzo 2026, existe una profunda preocupación por la reciente aprobación de normas en el Congreso que añadirían más de S/ 11,000 millones anuales al gasto público, afectando la estabilidad presupuestaria.
Análisis de riesgos económicos y propuestas electorales
La comunidad de especialistas advierte que el 92 % de las propuestas electorales actuales son calificadas como riesgosas o muy riesgosas. Entre las iniciativas más peligrosas destacan el incremento agresivo del gasto público rígido -que ya representa el 62 % del presupuesto total- y el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiamiento fiscal. El IPE enfatiza que las RIN deben utilizarse exclusivamente para reducir la volatilidad del tipo de cambio y no como caja fiscal, sugiriendo en su lugar el uso del Fondo de Estabilización Fiscal.
Asimismo, un 90 % de los consultados rechaza medidas como el control de precios, la revisión generalizada de contratos-ley y el aumento de la actividad empresarial del Estado. Estas propuestas, presentes en partidos con alta intención de voto, generarían sobrecostos en el mercado laboral y mayor incertidumbre económica.
Medidas ante la crisis de combustibles y salud
Frente al alza de hasta 27 % en los precios de los combustibles registrada en la primera quincena de marzo, el 53 % de economistas insta a implementar mecanismos focalizados de alivio, criticando las exoneraciones generales que en años anteriores costaron más de S/ 4,200 millones. Paralelamente, el sector salud muestra deficiencias críticas: en EsSalud, pese a un aumento presupuestal del 30 % en la última década, las atenciones solo crecieron un 11 %. Para el 59 % de expertos, la prioridad debe ser mejorar la gobernanza institucional y fortalecer el primer nivel de atención mediante asociaciones público-privadas.
Cambio en la percepción de riesgos de corto plazo
Finalmente, el reporte de marzo evidencia un cambio drástico en las preocupaciones sobre la economía nacional. La inseguridad ciudadana y el crimen organizado (45 %) han pasado a ser la principal amenaza, seguidos de cerca por el deterioro de las finanzas públicas (44 %). Estos factores han desplazado a la inestabilidad política y los riesgos climáticos como las mayores fuentes de incertidumbre para el crecimiento del país en el presente año.
