Operativo fiscal por presuntos beneficios irregulares alcanza a 23 implicados –
El Ministerio Público rastrea pagos irregulares y servicios simulados otorgados a personas sin el perfil técnico requerido en la gestión de Jerí.
La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó un megaoperativo que incluyó el allanamiento y descerraje de las viviendas de cinco mujeres vinculadas a la gestión de José Jerí.
La tesis fiscal investiga una presunta negociación incompatible bajo un esquema de direccionamiento de contratos y órdenes de servicio que se activaban inmediatamente después de que las beneficiarias sostuvieran reuniones con el entonces mandatario en el Despacho Presidencial.
El patrón de las contrataciones dirigidas
El Ministerio Público ha identificado casos específicos donde la celeridad administrativa y la flexibilización de requisitos habrían favorecido a terceras personas de forma irregular:
- Ledy Guadalupe Vela Ramírez: Tras visitar a Jerí, obtuvo órdenes de servicio en EsSalud y un contrato FAG en el Ministerio del Ambiente por S/ 10,000 mensuales. También se indaga su ingreso a Produce mediante gestiones previas del ex-mandatario.
- Rubiel Cristina Beraún Rojas: Contratada por el Despacho Presidencial para servicios de protocolo por S/ 21,500. La Fiscalía destaca una «inusual celeridad» en la aprobación de sus propuestas económicas.
- Violeta Emperatriz Beas Otero: Designada como Secretaria Nacional de la Juventud (Minedu) sin acreditar los 8 años de experiencia general que exige la normativa vigente.
- Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez: Registró múltiples ingresos a Palacio y obtuvo contratos tras presentar propuestas técnicas en un lapso menor a 20 minutos después de recibir la invitación oficial.
- Alicia Alexandra Camargo Leiva: Contratada como locadora FAG por S/ 10,000 mensuales. Se sostiene que se redujeron los estándares de experiencia en los términos de referencia para adecuarlos a su perfil profesional.
Funcionarios bajo investigación
El operativo también alcanza a 18 funcionarios de diversos niveles jerárquicos, quienes habrían utilizado sus cargos para viabilizar estos beneficios ilícitos en las siguientes instituciones:
- Ministerio de la Producción y EsSalud: Se investiga a altos directivos y jefes de adquisiciones, como José Manuel Ramos Aliaga y Juan Mael Palomino, por formular requerimientos a medida.
- Ministerio del Ambiente y Educación: Implicados ex-jefes de asesores y secretarios generales por facilitar contratos FAG y validar perfiles que no cumplían con los requisitos legales, destacando los casos de Galo Díaz Meléndez y Doris Gavilano Iglesias.
- Despacho Presidencial: El núcleo de la investigación señala al ex-secretario general Benito Villanueva Haro y otros tres ex-asesores de alto rango por coordinar directamente las contrataciones irregulares, junto a personal de presupuesto y logística encargado de formalizar los pagos.
La fiscalía procedió con la incautación de dispositivos electrónicos y documentación clave para determinar el alcance de esta presunta red de corrupción que operaba mediante el fraccionamiento y direccionamiento de recursos públicos.
