Poder Judicial: Jueces de Perú y Ecuador ratifican frente común contra la trata de personas –

Poder Judicial: Jueces de Perú y Ecuador ratifican frente común contra la trata de personas –


La presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, Janet Tello Gilardi, resaltó el compromiso y la rigurosidad de los magistrados de Perú y Ecuador en la persecución del delito de trata de personas, especialmente en la región fronteriza.

Durante el vigésimo quinto aniversario de la Corte Superior de Tumbes, la magistrada subrayó que esta labor conjunta es fundamental para garantizar justicia a poblaciones históricamente vulnerables y marginadas.

Cooperación judicial binacional

El pilar de estas acciones es el Protocolo de Colaboración suscrito en 2021 entre los sistemas judiciales de ambos países. Este instrumento, gestado mediante el diálogo entre la Corte de Tumbes y la Corte de Justicia de El Oro (Ecuador), busca optimizar la investigación y judicialización de las mafias dedicadas a la explotación humana. Tello Gilardi enfatizó que:

“Los jueces somos instrumentos de cambio para eliminar las barreras que perpetúan la discriminación y la violencia, permitiendo un acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.

El protocolo binacional no solo agiliza los procesos legales, sino que integra enfoques de derechos humanos, género y migración, reconociendo la especial vulnerabilidad de quienes cruzan las fronteras. En este contexto, se recordó la gestión del juez ecuatoriano Arturo Márquez Matamoros, cuya labor técnica fue decisiva para materializar esta normativa que hoy facilita la asistencia a las víctimas.

El panorama global de la explotación

La relevancia de esta alianza se sustenta en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que advierte un incremento en la trata de menores y el trabajo forzoso impulsado por la pobreza y los conflictos.

Las estadísticas globales son alarmantes: las mujeres y niñas representan el 61% de las víctimas a nivel mundial, siendo la explotación sexual el destino del 60% de las menores detectadas en estas redes criminales.

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