PJ declara fundado recurso de Pedro Pablo Kuczynski y archiva investigación por lavado de activos –
Juez Concepción Carhuancho ordena el sobreseimiento definitivo del proceso penal contra PPK por comicios del 2011.
El Poder Judicial declaró fundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa técnica del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), decretando la conclusión y el archivo definitivo de los procesos penales por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el marco del denominado caso Westfield.
El magistrado Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento total de la causa tras determinar que la hipótesis formulada por el Ministerio Público adolecía de defectos técnicos insubsanables en la tipicidad de los delitos imputados, cerrando un expediente por el cual la fiscalía exigía 35 años de pena privativa de la libertad en este viernes 15 de mayo de 2026.
Fundamentos técnicos sobre la licitud y rastreabilidad de los fondos
El fallo judicial se sustentó en la ausencia de elementos probatorios que demostraran una conducta orientada a ocultar o dificultar la identificación del origen de los recursos económicos. La resolución dictada por el juez Concepción Carhuancho precisa que los fondos bajo sospecha transitaron íntegramente a través del sistema financiero formal, empleando transacciones por medio de entidades bancarias internacionales.
Al haber permanecido bajo el control y supervisión constante de las autoridades regulatorias, el rastro de los activos fue plenamente verificable, lo que desvirtúa la configuración jurídica del delito de blanqueo de capitales.
La imputación fiscal sostenía que la constructora brasileña Odebrecht había canalizado un presunto aporte de 300 mil dólares para la campaña presidencial de 2011 utilizando a la firma Westfield Capital, argumento que fue desestimado por la defensa al invocar la atipicidad de la conducta.
Aplicación de jurisprudencia de la Corte Suprema y predictibilidad jurídica
Respecto al cargo de asociación ilícita para delinquir, el juzgado aplicó de manera estricta el principio de igualdad de trato y seguridad jurídica. El magistrado Concepción Carhuancho varió su postura doctrinaria previa tras incorporar a su análisis una resolución vinculante de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó el archivo de una investigación de similar naturaleza seguida contra la ex-embajadora Susana de la Puente.
El magistrado reconoció haber desestimado recursos análogos de otros co-investigados en etapas anteriores del proceso; sin embargo, argumentó que las líneas jurisprudenciales fijadas por la máxima instancia penal del país lo obligan a alinear sus decisiones con el fin de garantizar la predictibilidad de las resoluciones judiciales en la administración de justicia nacional.
