Gobierno amplía restricciones de neutralidad a funcionarios para garantizar la transparencia electoral –
El Poder Ejecutivo formalizó la ampliación del alcance de las disposiciones sobre neutralidad, integridad e imparcialidad aplicables a los funcionarios, directivos y servidores públicos de todo el territorio nacional. El propósito central de esta medida es salvaguardar el correcto uso de los recursos del Estado y blindar los procesos electorales de cualquier interferencia política.
La normativa, diseñada originalmente para las Elecciones Generales, extenderá su vigencia con carácter de obligatoriedad para fiscalizar la conducta de las autoridades de cara a las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el próximo 4 de octubre, asegurando un marco de transparencia institucional en este viernes 15 de mayo de 2026.
Homologación normativa y fortalecimiento de las Oficinas de Integridad
Mediante la publicación en el diario oficial El Peruano del Decreto Supremo N.° 073-2026-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros extendió de manera formal las reglas éticas que fueron aprobadas inicialmente en abril del año pasado bajo el Decreto Supremo N.° 054-2025-PCM.
El nuevo dispositivo legal dota de mayores atribuciones operativas a las unidades de organización encargadas de la función de integridad dentro de cada entidad estatal. Dichas oficinas asumirán la responsabilidad de ejecutar acciones preventivas, emitir directrices de orientación y liderar la gestión de riesgos institucionales frente a presuntos actos de proselitismo político, trabajando bajo la supervisión técnica de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.
Restricciones estrictas sobre el uso de recursos y bienes estatales
La norma ratifica que el acatamiento de estos lineamientos éticos es estrictamente obligatorio para todo el personal del sector público, sin distinción alguna de su nivel jerárquico, modalidad de contratación o régimen laboral.
Queda terminantemente prohibido utilizar, ceder o desviar infraestructura, vehículos, presupuestos, canales de comunicación oficiales o espacios públicos para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, movimientos regionales o candidaturas específicas.
Con esta medida coercitiva, el Estado peruano busca garantizar a la opinión pública que el aparato administrativo y la función gubernamental se orienten de manera exclusiva hacia el interés general y los servicios ciudadanos.
Compromiso del Gobierno Nacional con la transparencia democrática
La promulgación de este marco regulatorio de control interno lleva las firmas oficiales de las máximas autoridades políticas de la república, consolidando la postura del Poder Ejecutivo frente al desarrollo pacífico y transparente de los comicios subnacionales de octubre.
El vocero del Gobierno Central manifestó que este dispositivo legal representa un pilar crítico para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y mitigar los riesgos de corrupción administrativa durante las campañas proselitistas.
Asimismo, se instó a los organismos autónomos de control y al Ministerio Público a actuar con celeridad frente a cualquier transgresión de la neutralidad estatal a nivel nacional.
