Fiscalía investigará a Rafael López Aliaga por 60 días y lo citó a declarar el próximo 4 de junio por corrupción –
Pesquisa fiscal analiza la legalidad del endeudamiento millonario mediante bonos bajo la gestión de López Aliaga.
El Ministerio Público dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular, por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible.
La investigación penal se enfoca en el proceso de endeudamiento público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el cual comprometió un valor de S/ 4,000 millones a través de una controvertida emisión de bonos. La fiscal Janny Sánchez Porturas, titular del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción, notificó formalmente la citación del exburgomaestre para el próximo 4 de junio a fin de que rinda su declaración indagatoria.
Requerimientos de información a entidades financieras y asesorías legales
El despacho fiscal ha cursado requerimientos obligatorios de información a la comuna limeña y a un conjunto de entidades reguladoras y financieras clave en la operación. Entre los organismos notificados figuran la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Contraloría General de la República, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora y el Bank of America Securities. Asimismo, la Fiscalía ha solicitado los expedientes de estructuración a los estudios jurídicos Milbank LLP (Nueva York) y Lazo Abogados (Lima), firmas que ejercieron como asesoras legales de la municipalidad y que representaron a la corporación edil en calidad de originador y garante de la colocación internacional de bonos sénior titulizados.
La apertura del caso se ejecutó tras la intervención de la fiscal superior anticorrupción Scarlet Laura Escalante, quien ordenó dejar sin efecto una desestimación previa de la primera instancia. La investigación se fundamenta en la denuncia técnica del auditor independiente Julio Sifuentes, formulada a mediados de 2025, la cual advierte indicios delictivos en tres emisiones de bonos titulizados.
Según el informe pericial, los títulos valores se colocaron en el mercado financiero internacional sin cumplir con los marcos normativos técnicos, legales y contables vigentes, comprometiendo los flujos de recaudación e ingresos futuros de la capital.
Evasión de límites legales y uso de fideicomisos de alcabala
De acuerdo con el denunciante, ante las restricciones legales para adquirir nueva deuda pública, la administración de López Aliaga utilizó un esquema de bonos de titulización respaldados por los ingresos de los impuestos de alcabala y vehicular.
Sifuentes sostuvo que los fondos municipales exhibidos por la gestión provenían estrictamente de este endeudamiento a largo plazo y no de recursos propios corrientes. Adicionalmente, se cuestiona que los acuerdos iniciales del Concejo Metropolitano autorizaban una operación en el mercado nacional, pero la colocación final se desvió hacia el mercado exterior sin contar con la garantía soberana del Estado peruano.
El informe técnico detalla que la MML infringía el Decreto Legislativo 1275, regla macrofiscal que prohíbe a las entidades subnacionales acumular una deuda total superior al 100 % de sus ingresos anuales. Para acogerse a una excepción legal, el municipio requería obligatoriamente dos calificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB+ de agencias locales.
Sin embargo, las firmas Apoyo y Asociados y Pacific Credit Rating emitieron notas basadas en información financiera no auditada de periodos previos. Paralelamente, en mayo de 2023, la agencia internacional Moody’s rebajó la calificación crediticia de la MML a BA1, nivel catalogado como «bono basura», debido a su elevado apalancamiento financiero.
Contrataciones directas y presunto conflicto de intereses
La hipótesis fiscal señala que la gestión municipal buscó eludir el control estatal mediante herramientas normativas propias, aprobando la Ordenanza Municipal N.º 2604 para priorizar una supuesta autonomía financiera por encima de las leyes de endeudamiento del Gobierno central. Semanas después, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que amplió el margen de endeudamiento de los gobiernos locales con perfiles favorables hasta por 3.5 veces sus ingresos corrientes.
Amparada en este marco normativo excepcional, la Municipalidad de Lima procedió con la contratación directa de Bank of America Securities para estructurar, colocar y adquirir la deuda en los mercados internacionales. El informe remitido al Ministerio Público concluye que este procedimiento configuró un severo escenario de conflicto de intereses económicos y financieros, debido a que la entidad bancaria internacional operó simultáneamente como estructuradora de las tasas de interés, fijadora de las condiciones contractuales y única compradora de la emisión de bonos de S/ 4,000 millones, quebrando los estándares de control gubernamental y transparencia pública.
