Escándalo en el Congreso: Acusan a Lucinda Vásquez de forzar a su personal a realizar tareas domésticas

Según reportes de prensa, los empleados de la congresista eran obligados a cortarle las uñas en su despacho y prepararle alimentos en su residencia, todo dentro del horario laboral.

La congresista Lucinda Vásquez, de Juntos por el Perú, está en el centro de una grave denuncia de abuso de autoridad. Imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran a su personal realizándole una pedicura en su despacho oficial y cocinando en su domicilio particular durante el horario de trabajo, lo que ha generado una nueva controversia sobre el uso indebido de recursos públicos en el Parlamento.

La denuncia, basada en material audiovisual, revela que la legisladora Vásquez, representante de San Martín, obligó a su empleado Edwar Rengifo—familiar de la parlamentaria—a realizarle una pedicura en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa mientras ella utilizaba su teléfono móvil.

El informe también señaló que otro de sus trabajadores, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez en días y horas laborales para realizar tareas domésticas, incluida la preparación de su desayuno. Las imágenes que sustentan estas acusaciones corresponden a noviembre de 2022 y enero de 2023.

Al ser consultada por el dominical, la parlamentaria Lucinda Vásquez reaccionó con molestia. «Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”, manifestó. El asesor implicado se abstuvo de ofrecer declaraciones al medio.

Especialistas consultados, como José Cevasco, ex-oficial mayor del Parlamento, indicaron que las acciones de Vásquez constituyen un uso abusivo de autoridad y podrían configurar el delito de peculado.

Vásquez suma una nueva polémica a su historial

Este destape se añade a otros escándalos que ya venían afectando la imagen pública de la congresista. En mayo, el mismo programa reveló que tres sobrinos de Vásquez laboraban en su oficina con sueldos de hasta S/ 7.200, a pesar de no contar con título universitario, y que su hijo Marti Frans Villacorta se presentaba como empleado del Congreso sin un vínculo laboral formal.

Además, ex-asesores de Vásquez afirmaron haber entregado parte de sus sueldos a la legisladora y a sus familiares bajo el pretexto de supuestos «préstamos personales», evidenciando supuestos depósitos a cuentas asociadas a su entorno. En junio pasado, la Comisión de Ética ya había aprobado el inicio de una investigación formal en su contra por presuntamente vulnerar las normas de ética parlamentaria.

Contexto: Los numerosos casos de congresistas investigados

Este tipo de denuncias se suma a otros escándalos que han afectado la imagen del Parlamento, siendo el caso de Vásquez un nuevo ejemplo de las preocupaciones crecientes sobre la ética y la legalidad en el Congreso de la República.

El Caso ‘Mochasueldos’: Este esquema involucra a decenas de legisladores acusados de exigir a sus empleados entregar parte de su salario para mantener sus puestos. Entre los implicados figuran María Acuña, Marleny Portero, Jorge Flores Ancachi, Raúl Doroteo, Heidy Juárez, Edgar Tello y José Arriola, cuyos casos son investigados por la Comisión de Ética y el Ministerio Público.

Otros Escándalos en el Parlamento:

• «Los Niños»: Investigaciones que involucran principalmente a legisladores de Acción Popular, acusados de negociar votos en el Pleno a cambio de favores del Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo.
• Vínculos con Patricia Benavides: Catorce congresistas, incluidos Patricia Chirinos, Martha Moyano y Alejandro Soto, están siendo investigados por su presunta vinculación a un grupo criminal liderado por la ex-fiscal de la Nación para influir en procesos judiciales y legislativos.
• Tráfico de Influencias y Pensiones: El Ministerio Público indaga a Waldemar Cerrón por supuesto tráfico de influencias. Asimismo, once congresistas fueron denunciados por promulgar una ley que eliminó los topes a sus propias pensiones como oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, beneficiándose directamente de la norma.

Entre 2024 y septiembre de 2025, la Fiscalía presentó al menos 29 denuncias constitucionales contra 39 congresistas. A pesar de que 67 de los 130 miembros del Congreso estaban bajo investigación criminal activa en mayo de 2024, la impunidad sigue siendo una preocupación central.