El ex-fiscal Tomás Gálvez defiende su decisión de cesar a magistradas, señalando un desconocimiento funcional y la comisión de actos irregulares en su contra

El fiscal de la Nación interino mantiene que la destitución de las abogadas Cárdenas y Delgado responde a una «falta de confianza», mientras las fiscales cesadas denuncian inconsistencias en la resolución oficial.

Las recientes remociones de la fiscal suprema provisional Carolina Delgado y la fiscal adjunta suprema provisional Alejandra Cárdenas, ambas de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, han generado cuestionamientos debido a la coincidencia con el avance de investigaciones que involucraban a altos cargos, incluyendo al fiscal supremo Tomás Gálvez y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En diálogo con RPP, Tomás Gálvez defendió su decisión de retirar a ambas magistradas, insistiendo en que la medida se debió a «ignorancia o desconocimiento de la función» por parte de las involucradas. Gálvez calificó el cese como un acto de gestión: “En la resolución se señala con toda claridad cuáles son las razones por las que se las ha dejado sin efecto… Este es un caso de gestión, no es un proceso penal para que se hable de conflicto de intereses”.

Acusaciones de “Cosas Indebidas” y pérdida de confianza

Gálvez sostuvo que la permanencia en cargos provisionales depende de la confianza, la cual perdieron Delgado y Cárdenas por supuestamente haber incurrido en hechos «indebidos», que catalogó como ilegales e inconstitucionales. No obstante, el fiscal supremo evitó precisar públicamente las acciones específicas a las que se refería.

“Han demostrado mala fe, estaban participando en cosas indebidas, especialmente en mi contra. Si hacen cosas ilegales, demuestran desconocimiento de la función, y encima es en mi contra, obviamente van a perder la confianza”, enfatizó.

Al ser consultado por las presuntas irregularidades, Gálvez argumentó, sin profundizar en detalles, que una fiscal provincial carece de competencia para investigar a un fiscal supremo. Señaló que Delgado debió negar una solicitud de información de una fiscal provincial, en lugar de proporcionarla, pues «solo el fiscal de la Nación, el Congreso o la Junta Nacional de Justicia pueden investigar a un fiscal supremo».

La Versión de las fiscales afectadas

Las fiscales cesadas calificaron su remoción de injustificada y advirtieron que la decisión está vinculada al impulso de diligencias sensibles.

• Alejandra Cárdenas manifestó que las causas esgrimidas para su salida «no son válidas ni legales». Recalcó la coincidencia temporal de su remoción con el impulso de una audiencia de acusación contra Patricia Benavides, la cual llevaba meses de retraso: “Pido celeridad y a los pocos días sale mi cese”, denunció en Punto Final.
• Carolina Delgado consideró que la decisión daña su trayectoria profesional y sostuvo que el traslado de información a otra instancia fue solo un trámite administrativo sin efecto jurídico. La posición de Delgado ha sido respaldada por juristas como el exprocurador José Ugaz, quien calificó el argumento de la resolución como insuficiente para justificar la destitución.

Tras la remoción, la abogada Lourdes Bernardita Téllez fue designada en lugar de Delgado. Cárdenas fue reubicada en la Fiscalía de Arequipa, mientras que Delgado fue trasladada a Sullana. El proceder de Gálvez mantiene abierto un debate sobre la independencia del Ministerio Público y la idoneidad de los procesos de remoción interna de fiscales en casos que involucran a autoridades de alto nivel.