¡ALERTA! Con disposiciones “de contrabando” buscarían ampliar el mandato en la SUNEDU –
Un grave hecho se estaría por concretar si no se actúa inmediatamente para evitar este garrafal error e infamia. Los congresistas Jorge Flores Ancachi y Eduardo Salhuana, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), estarían planteando la incorporación de una disposición complementaria final que busca ampliar por tres años adicionales el mandato del Consejo Directivo de la SUNEDU.
Para lograr este cometido se pretende modificar el artículo 17.2 de la Ley Universitaria, que actualmente establece un mandato de tres años y prohíbe la reelección, así como el artículo 20, referido a los requisitos para la designación del Superintendente de la SUNEDU.
Lamentablemente, nuevamente, desde el Congreso y mediante la Ley de Presupuesto, se pretende introducir una modificación al artículo 17.2 para extender ilegalmente un mandato que vence en febrero, pese a que ya se han elegido a los nuevos representantes del Consejo Directivo de la SUNEDU, lo cual sería inaceptable desde todo punto de vista.
Los congresistas Flores Ancachi y Salhuana pretenderían la aprobación de disposiciones “de contrabando” destinadas a concretar una ampliación irregular e inconstitucional del mandato de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU.
Cabe señalar, que la Asociación de Universidades del Perú-ASUP, alertó precisamente al Congreso de la República para evitar que en el debate de la Ley de Presupuesto 2026, se introduzcan disposiciones que alteren, amplíen o reinterpreten de manera excepcional los periodos de representación ante la SUNEDU.
La ASUP reafirmó la importancia de preservar el orden jurídico y legalidad que rige el sistema universitario, garantizando la renovación de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU.
Como se recuerda, el 19 de agosto de 2025 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las universidades públicas realizaron sus elecciones para elegir a los dos representantes de las universidades públicas al Consejo Directivo de la SUNEDU en un proceso que fue legítimo, público y desarrollado conforme a la norma vigente.
