Tribunal Constitucional declara infundadas las demandas contra la ley de delitos de lesa humanidad –

Tribunal Constitucional declara infundadas las demandas contra la ley de delitos de lesa humanidad –


El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Ministerio Público (MP) contra el Congreso de la República. Estas demandas buscaban la anulación de la Ley N° 32107, la cual precisa la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

Decisión y votación del pleno

La decisión del TC de declarar infundadas las demandas se basó en que no se alcanzaron los cinco votos conformes necesarios para desvirtuar la constitucionalidad de la norma. Votaron a favor de su constitucionalidad, bajo un criterio interpretativo, los magistrados Luz Pacheco, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández. Por el contrario, los magistrados Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y Manuel Monteagudo votaron a favor de su inconstitucionalidad. En consecuencia, de acuerdo con la normativa vigente, la Ley N° 32107 es plenamente constitucional.

Alcances de la Ley N° 32107

La Ley N° 32107 establece un marco temporal para la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú. La norma precisa que dichos delitos solo se aplicarán a hechos ocurridos después del 1 de julio de 2002, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma en el país.

Para los hechos cometidos antes de esta fecha, la ley dispone la aplicación del Código Penal de 1991. En consecuencia, los delitos ocurridos antes del 1 de julio de 2002 están sujetos a las penas y, principalmente, a los plazos de prescripción establecidos en el mencionado Código.

El fallo del TC hace hincapié en que permitir la continuación de procesos judiciales por delitos cometidos antes de las fechas señaladas atenta directamente contra el derecho al plazo razonable, en conexión con la libertad personal, así como contra el derecho de las víctimas a que se conozca y castigue a los responsables.

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