Fiscalía solicita 36 meses de cárcel preventiva –
Riesgo de fuga y presunta organización criminal fundamentan pedido.
El Poder Judicial inició el miércoles 31 de diciembre la audiencia pública para evaluar la solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo. El magistrado Edie Walther Solórzano, a cargo del 11° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dirige la sesión en la que se investiga al funcionario por el presunto delito de organización criminal en el marco del caso ‘Los Socios del Callao’.
Durante la jornada, el fiscal provincial Wils González Morales fundamentó el pedido basándose en la falta de arraigo domiciliario del imputado y su alta probabilidad de fuga, reforzada por su actual condición de prófugo desde el pasado 15 de diciembre.
Una de las revelaciones más críticas presentadas por el Ministerio Público fue la existencia de un túnel construido el pasado noviembre dentro de una oficina de uso exclusivo de Castillo Rojo en la sede del Gobierno Regional. Según la fiscalía, este pasadizo conectaba directamente con una cochera vehicular y fue edificado sin documentación técnica entre las 17:00 y 19:00 horas para evitar ser detectado.
Para las autoridades, esta infraestructura ilegal evidencia una planificación deliberada para eludir los controles policiales y facilitar la salida del investigado de las instalaciones gubernamentales.
Operatividad de ‘Los Socios del Callao’
La tesis fiscal sostiene que Ciro Castillo Rojo lideraba una red integrada por al menos 15 funcionarios del GORE Callao dedicada al direccionamiento de fondos públicos. La organización habría operado mediante la adjudicación irregular de contrataciones directas, inferiores a 8 UIT, para evitar los procesos de selección tradicionales.
Las investigaciones identifican tres ejes delictivos principales que involucran beneficios indebidos para los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez, sumando montos que superan el millón de soles en perjuicio del Estado.
El Ministerio Público precisa que el gobernador habría participado coordinadamente en la designación de personal de confianza en puestos clave para asegurar el control de las contrataciones.
Entre los hechos detectados, se registran 37 contratos otorgados a Blanco Cabrera por un valor de S/ 874,575 y otros 19 contratos a favor de Moscaisa Gutiérrez por S/ 518,525. Asimismo, se detectaron irregularidades similares en el CAFED Callao por más de S/ 68,000. La audiencia, que se suspendió tras la exposición de estos indicios, se retomará este jueves 1 de enero a las 10:00 a. m.
