Gobierno oficializa división de activos de Petroperú vía Decreto de Urgencia –
El decreto autoriza S/240 millones para cese de personal y transfiere S/144 millones a ProInversión para la partición de la estatal.
El Gobierno peruano oficializó hoy el Decreto de Urgencia 010-2025, una medida extraordinaria que ordena la reorganización estructural y la fragmentación de los activos de Petroperú en bloques patrimoniales autónomos, incluyendo la Nueva Refinería de Talara.
Esta intervención estatal busca mitigar la severa crisis financiera de la petrolera, la cual representa un riesgo inmediato para el abastecimiento nacional de combustibles, aunque la norma ha generado un rechazo tajante por parte de los sindicatos debido a la implementación de un agresivo plan de reducción de personal.
La normativa faculta la división de la empresa en unidades operativas independientes con el objetivo de mejorar su gobernanza y sostenibilidad económica. Para liderar este proceso de alta complejidad técnica y legal, el Ejecutivo dispuso la transferencia de S/144 millones a ProInversión, entidad que se encargará del diseño financiero para gestionar pasivos e integrar operadores privados bajo estándares internacionales.
Impacto laboral y recorte de personal
Uno de los puntos más polémicos del decreto es la Cuarta Disposición Complementaria, que otorga un plazo de 30 días hábiles al Directorio de Petroperú para aprobar una nueva estructura orgánica. Este rediseño conlleva la reducción masiva de trabajadores bajo la figura de «causa objetiva», amparada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
- Meta de reducción: Según fuentes oficiales, el Gobierno apunta a desvincular hasta al 40% de la planilla actual.
- Financiamiento de ceses: Se ha autorizado un aporte de capital de S/240 millones para el año fiscal 2026, destinados exclusivamente al pago de beneficios sociales de los trabajadores afectados.
Las federaciones de trabajadores han calificado la medida como un «descuartizamiento» de la petrolera estatal, haciendo un llamado a sus bases para resistir la puesta en vigor del decreto. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la intervención es de carácter temporal y urgente, argumentando que sin estas medidas excepcionales, la operatividad del sistema de refinación y transporte de crudo en el país colapsaría en el corto plazo.
