Ministerio Público inicia proceso de incorporación de personal CAS al régimen laboral 728 –
La promulgación de la Ley N° 32556 establece un marco normativo de cinco años para que el Ministerio Público ejecute la transición progresiva de su personal desde el régimen CAS (Decreto Legislativo N° 1057) hacia el Decreto Legislativo N° 728.
Esta iniciativa busca eliminar la disparidad en las condiciones de trabajo y fortalecer la eficiencia en la administración de justicia, garantizando la estabilidad de su capital humano bajo principios de igualdad y no discriminación. El proceso de migración se aplicará exclusivamente a quienes posean contratos a plazo indeterminado y cumplan con los criterios de idoneidad técnica y ética definidos por la institución.
Requerimientos para la incorporación laboral
Los servidores que aspiren a este cambio de régimen deben mantener un vínculo contractual vigente a plazo indeterminado al momento de la entrada en vigor de la norma. El proceso de selección incluye una rigurosa verificación de requisitos administrativos y evaluará la trayectoria del trabajador; específicamente, el postulante no debe registrar dos o más sanciones disciplinarias firmes en su legajo personal. Es importante precisar que la ley excluye explícitamente al personal de confianza, así como a aquellos contratados bajo modalidades temporales, de suplencia o por necesidad transitoria.
Adecuación de instrumentos de gestión y presupuesto
Para viabilizar esta reforma, la Fiscalía tiene la tarea de actualizar sus documentos de gestión interna, tales como el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), con el fin de formalizar los nuevos cargos estructurales. Debido a la naturaleza gradual de la implementación, las nuevas posiciones laborales se integrarán en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del año fiscal posterior a cada etapa de incorporación.
Este ordenamiento administrativo asegura que el fortalecimiento institucional se realice con respaldo presupuestario y coherencia organizacional, permitiendo una transición ordenada hacia la estabilidad laboral de los trabajadores del sector justicia.
