Defensa legal de Ollanta Humala solicita al Poder Judicial su inmediata libertad –
La defensa legal del expresidente Ollanta Humala ha solicitado formalmente su excarcelación ante el Poder Judicial, argumentando que los hechos por los cuales fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos no constituyen delito según recientes fallos del Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema.
El abogado Edinson Huamán sostiene que la ejecución de la pena es inconstitucional debido a que se inició sin una sentencia escrita y se basa en aportes de campaña anteriores a 2019, una conducta que, bajo los criterios jurídicos actuales, no era punible penalmente en el momento de los hechos.
El abogado Edinson Huamán presentó el pedido ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia Nacional, instando a una audiencia urgente para evaluar la situación del exmandatario. La defensa sostiene que el caso debe ser revisado a la luz de las nuevas jurisprudencias que establecen que el financiamiento de campañas no era considerado lavado de activos antes de la reforma legal de 2019.
Según el letrado, Humala cumple nueve meses de detención bajo una figura de ejecución provisional que ya ha sido cuestionada por la Sala Constitucional Superior.
Similitud con el caso de Keiko Fujimori
La estrategia legal se apoya en la analogía con el proceso de Keiko Fujimori, el cual fue archivado tras determinarse que recibir dinero de fuentes como Odebrecht o gobiernos extranjeros para fines electorales no configuraba delito de lavado en aquel entonces.
Huamán enfatizó que la imputación contra Humala es idéntica: la recepción de fondos para las campañas de 2006 y 2011. Para la defensa, si la génesis del dinero es un aporte político, cualquier gasto posterior en la campaña no puede ser calificado como conversión u ocultamiento de activos ilícitos.
El defensor criticó la falta de precisión en la acusación fiscal, señalando que no se ha determinado el monto exacto del dinero supuestamente recibido ni del gastado, lo que califica como un vacío jurídico y un abuso procesal.
Asimismo, precisó que, respecto a la campaña de 2006 y los presuntos fondos de Venezuela, cualquier irregularidad en la declaración de donaciones sería una falta administrativa ya prescrita, y no un crimen que amerite la privación de la libertad que hoy afecta al exjefe de Estado.
