PCM implementa directiva de integridad para blindar la gestión pública contra la corrupción –
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Secretaría de Integridad Pública (SIP), oficializó la Directiva n.° 001-2026-PCM/SIP, un marco normativo que establece lineamientos operativos para estandarizar el Modelo de Integridad en el Estado.
Esta medida busca blindar la administración pública contra prácticas ilícitas, imponiendo su implementación obligatoria en aproximadamente 1800 entidades gubernamentales, conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo n.° 148-2024-PCM.
La normativa, publicada en el diario oficial El Peruano, introduce una metodología orientada a resultados que fortalece el compliance público a través de procesos coherentes y adaptables a cada realidad institucional. Entre sus ejes prioritarios destacan el compromiso de la alta dirección, la gestión estratégica de riesgos de corrupción, la atención eficiente de denuncias y la promoción de una cultura ética transversal en el servicio civil. Para asegurar su efectividad, la SIP proporcionará asistencia técnica especializada y un procedimiento detallado paso a paso para cada organismo.
Un componente esencial de la directiva es el refuerzo de la comunicación y capacitación continua, dirigida especialmente a funcionarios con capacidad de decisión. La norma exige la identificación de actores clave y la difusión de políticas de integridad para consolidar un desempeño ético. Asimismo, se innova con la implementación de un protocolo de comunicación de crisis, diseñado para emitir respuestas oportunas ante la detección de riesgos muy altos o conductas antiéticas que puedan comprometer la confianza ciudadana.
El Modelo de Integridad fomenta un trabajo colaborativo basado en la prevención de riesgos y el uso de herramientas técnicas como guías y mecanismos de debida diligencia. Al integrar estas buenas prácticas, el Gobierno busca que el ejercicio de la función pública se realice bajo estándares de transparencia que faciliten la identificación temprana de irregularidades, garantizando así una gestión institucional protegida y orientada al bienestar común.
