Vladimiro Montesinos solicita prescripción de delitos bajo recientes leyes del Congreso –
- Montesinos invoca la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad y solicita arresto domiciliario por cumplir 80 años.
- La defensa argumenta que el marco legal vigente impide la persecución de hechos ocurridos en 1991 y faculta la salida del penal para internos de avanzada edad.
El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres presentó sus alegatos finales en el juicio por el caso «Sobres bomba», ocurrido en 1991, donde la Fiscalía solicita una condena de 35 años de prisión. Durante su intervención ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional, Montesinos negó haber ordenado el envío de explosivos a opositores del régimen fujimorista, argumentando que en aquella época el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) no gestionaba la inteligencia contraterrorista.
El procesado subrayó que testimonios de ex-militares, incluyendo al co-procesado Víctor Penas, confirman la ausencia de una orden directa de su parte para ejecutar dichos atentados.
Invocación de las reformas legales del Congreso
La estrategia de defensa de Montesinos se centró en el aprovechamiento del nuevo marco legal aprobado por el Legislativo para eludir la acción de la justicia y obtener beneficios penitenciarios. El ex-asesor invocó la Ley 32107, alegando que los delitos cometidos antes de julio de 2002 no pueden ser calificados como lesa humanidad de forma retroactiva y que, por ende, el proceso por hechos de 1991 debe declararse prescrito.
Asimismo, cuestionó el pedido fiscal de 35 años, señalando que el límite para el delito de asesinato es de 25 años y solicitó la refundición de penas para que cualquier nueva condena sea absorbida por la sentencia vigente de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Finalmente, amparándose en la Ley 32181, solicitó que, de ser condenado, se le permita cumplir la pena bajo vigilancia domiciliaria por su condición de octogenario, apelando al derecho a la igualdad y a precedentes de carácter humanitario.
El caso «Sobres bomba» representa uno de los últimos juicios emblemáticos de la década de los 90. La resolución de la Sala será determinante, no solo para establecer la responsabilidad penal de Montesinos, sino para poner a prueba la constitucionalidad de las leyes invocadas frente a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.
La defensa busca que, tras décadas de reclusión en la Base Naval del Callao, el exjefe de facto del SIN acceda a un régimen de detención mucho menos severo, fundamentado estrictamente en las recientes modificaciones del Código Penal y Procesal Penal.
