Ernesto Blume destaca que la bicameralidad protegerá los derechos de los ciudadanos –

En una reciente edición del programa Perú Bicameral, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, analizó el impacto del retorno al sistema de doble cámara, sosteniendo que este modelo fortalecerá la calidad legislativa y la estabilidad jurídica del país.

Según el jurista, la bicameralidad introduce un proceso de revisión más riguroso, asegurando que las normas sean evaluadas con mayor profundidad antes de su aprobación definitiva.

El filtrolegislativo y la calidad de las leyes

Blume enfatizó que, a diferencia del sistema unicameral, el esquema bicameral permite que las leyes sean «más estudiadas, reflexionadas y meditadas». Bajo esta estructura, las iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados pasarán por un análisis complementario en el Senado, donde un segundo grupo de representantes podrá perfeccionar o modificar las propuestas, elevando así el estándar del proceso parlamentario.

Contra la «incontinencia legislativa»

Uno de los puntos críticos abordados por el ex-magistrado fue la excesiva producción de normas, fenómeno que calificó como una «maraña normativa» que genera inseguridad jurídica. Citando al diplomático Javier Pérez de Cuéllar, Blume advirtió sobre la necesidad de frenar la emisión de leyes innecesarias y priorizar la calidad sobre la cantidad, utilizando el sistema de dos cámaras como un regulador estratégico.

Beneficios para la ciudadanía y el estado

El constitucionalista destacó que una legislación mejor estructurada ofrece múltiples ventajas:

• Seguridad Jurídica: Brinda mayor certeza legal a los ciudadanos y al sistema en su conjunto.
• Legitimidad Política: Asegura una doble representación que recoge una diversidad de voces más amplia.
• Estándares Internacionales: Alinea al Perú con modelos jurídicos globales, mejorando la percepción del país en el exterior.

Finalmente, precisó que si bien el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales mantienen su facultad de proponer iniciativas, estas deberán canalizarse siempre a través de las instancias legislativas competentes, ordenando así el sistema normativo nacional.