Congreso aprueba inhabilitar por 10 años a ex-fiscal Delia Espinoza –
El Pleno del Congreso de la República ratificó la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cualquier cargo público contra Delia Espinoza Valenzuela, actual Decana del Colegio de Abogados de Lima y ex titular del Ministerio Público.
La medida se concretó tras la aprobación de una reconsideración que permitió revertir la votación inicial de marzo, consolidando una sanción basada en infracciones constitucionales relacionadas con la inmunidad parlamentaria.
Votación y procedimiento parlamentario
La resolución legislativa alcanzó 70 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Este resultado fue posible luego de que el Parlamento admitiera una reconsideración planteada por el legislador Jorge Montoya, la cual obtuvo 83 votos de respaldo durante la sesión vespertina dirigida por Waldemar Cerrón. Con este paso, el Pleno dejó sin efecto el rechazo previo del 12 de marzo y procedió a sancionar a la exfiscal por vulnerar los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución Política.
Sustento de la acusación: Inviolabilidad de voto
La sanción deriva de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, interpuestas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto. Los legisladores cuestionaron que Espinoza, en su etapa como Fiscal de la Nación, denunciara constitucionalmente a 11 parlamentarios por su sentido de voto respecto a una ley sobre pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Según la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, este acto quebrantó el artículo 93 de la Carta Magna, que garantiza que los congresistas no son responsables ante ninguna autoridad por sus votos u opiniones.
Antecedentes y acumulación de sanciones
Cabe precisar que esta no es la única restricción vigente contra Espinoza Valenzuela. En diciembre de 2025, el Legislativo ya había aprobado una inhabilitación similar de 10 años mediante la Resolución Legislativa Nº 13439/2025-CR. Aquella sanción se originó por el presunto incumplimiento de la Ley N° 32130, norma que faculta a la Policía Nacional a liderar investigaciones preliminares, marco legal que la entonces magistrada habría omitido aplicar en sus funciones operativas.
