Contraloría señala a diez funcionarios de la ONPE por faltas en la primera vuelta. –
Un informe de control específico emitido por la Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre los que se incluye al ex-jefe de la entidad, Piero Corvetto.
Las irregularidades detectadas se concentraron en las contrataciones logísticas e informáticas para los comicios generales del pasado 12 de abril, afectando de manera directa el derecho al sufragio de 55,261 electores en Lima Metropolitana y el Callao debido a severos retrasos y la no instalación de diversas mesas de votación.
Direccionamiento y sobrecostos en el transporte de material electoral
De acuerdo con el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE elaboraron los Términos de Referencia (TdR) para el servicio de transporte de material y equipos informáticos sin precisar la cantidad real de vehículos requeridos (estimada en 400 unidades). Durante la fase de selección, el comité evaluador aplicó criterios arbitrarios ajenos a las bases para perjudicar a un postor y beneficiar al ganador con una adjudicación de S/ 6’368,332.75, a pesar de que su propuesta económica presentaba un sobrecosto de S/ 168,148.19.
La auditoría evidenció, además, que se consignaron datos falsos sobre la capacidad de carga de seis vehículos de la empresa ganadora para otorgarle un puntaje indebido, invalidando una oferta competidora que era S/ 469,404.09 más económica. El proveedor seleccionado terminó subcontratando el 92 % de la flota utilizada (437 vehículos de terceros) y operó apenas con un 8 % de unidades propias, contraviniendo la naturaleza del proceso y afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.
Colapso del cronograma y afectación del derecho al voto
El órgano de control identificó negligencias en el traslado de los equipos informáticos de contingencia tras las jornadas de capacitación. Los funcionarios viabilizaron un repliegue inoportuno de las laptops e impresoras a sabiendas de que se vulneraba el cronograma del Plan Operativo Electoral (POE). La crisis logística se agudizó la tarde previa a las elecciones, el 11 de abril, cuando se reprogramaron 43 rutas que abastecían a 553 locales de votación (8,261 mesas de sufragio). Para dicho despliegue se asignó un tiempo de entrega de hasta cuatro horas, cuando los requerimientos técnicos mínimos exigían al menos ocho horas de tránsito.
Esta cadena de errores provocó la distribución tardía del material electoral en 3,605 mesas de sufragio, de las cuales 187 mesas no pudieron instalarse el día de la votación en la capital. Como consecuencia, decenas de miles de ciudadanos vieron impedido su derecho al voto, frustrando los objetivos públicos de las contrataciones tecnológicas y logísticas estatales.
Aprobación de adicionales con incrementos del 900%
La Contraloría también detectó que, entre el 7 y 9 de abril, la administración de la ONPE tramitó y aprobó de forma irregular prestaciones adicionales por un valor de S/ 650,205.94, complementarias al contrato principal de transportes. Dicha ampliación de presupuesto carecía de sustento técnico y legal que demostrara su indispensabilidad para los comicios.
Dentro de estos conceptos adicionales se incluyó una variación del precio unitario para el repliegue de 5,441 equipos informáticos desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lima y Callao hacia los almacenes de Lurín. La tarifa fue elevada de S/ 0.60 por kilo a S/ 6.00 por kilo, registrando un incremento del 900 % en comparación con los precios unitarios pactados originalmente en el contrato matriz.
Acciones legales y recomendaciones institucionales
Ante la gravedad de los hallazgos descritos en la auditoría técnica, la Contraloría General de la República ha dispuesto las siguientes medidas de ejecución inmediata:
- Al Titular de la ONPE: Iniciar los procesos administrativos disciplinarios correspondientes para realizar el deslinde de responsabilidades funcionales de los diez funcionarios implicados.
- A la Procuraduría Pública: Interponer las acciones penales respectivas ante el Ministerio Público contra los servidores y directivos involucrados en los presuntos delitos contra la administración pública.
- A la Junta Nacional de Justicia (JNJ): Remitir el expediente completo al titular de la JNJ para que determine las acciones competentes respecto a la conducta del exjefe del organismo electoral.
