Cumbre judicial: El Tribunal Constitucional del Perú organizará el XVII encuentro iberoamericano de magistrados –
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú asumirá la organización de la XVII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC) en el año 2028. La designación del país como sede oficial fue aprobada por unanimidad durante la asamblea general de la organización, celebrada los días 13 y 14 de mayo en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, consolidando el liderazgo de la magistratura nacional en el entorno jurídico continental en este viernes 15 de mayo de 2026.
Respaldo internacional y comitiva de la alta magistratura peruana
La delegación peruana encargada de sustentar la postulación estuvo integrada por el magistrado del TC, Francisco Morales Saravia, y el director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), magistrado César Ochoa Cardich. Ambos tribunos expresaron su agradecimiento ante el pleno de delegados por este nuevo voto de confianza institucional de las cortes iberoamericanas hacia la jurisprudencia y el Estado peruano, tras concluir las sesiones de trabajo correspondientes a la XVI edición del foro.
Los magistrados de las diversas naciones del bloque hispanohablante coincidieron en la relevancia de que el Perú vuelva a centralizar las deliberaciones académicas y jurisdiccionales de la región. Los representantes internacionales destacaron que la CIJC constituye el espacio idóneo para contrastar enfoques teóricos, perspectivas jurisprudenciales y experiencias metodológicas respecto a la aplicación práctica del derecho procesal constitucional y el control de convencionalidad.
Finalmente, la asamblea de la CIJC emitió una declaración de satisfacción respecto al protagonismo y la transcendencia que vienen adquiriendo los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales como garantes del equilibrio de poderes dentro del contexto democrático latinoamericano. Los magistrados concluyeron que estas instituciones independientes se erigen como los pilares fundamentales para la preservación de la supremacía constitucional, la defensa del orden legal y la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
