El Poder Judicial archivó la investigación contra el ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski por presuntos aportes de Odebrecht en 2011 –
El juez Richard Concepción Carhuancho archivó los cargos contra el ex-presidente tras el fallo supremo que benefició a Susana de la Puente.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Richard Concepción Carhuancho, declaró fundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Con esta resolución, se dispuso el archivo definitivo de la investigación preparatoria seguida en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, vinculados al supuesto planeamiento y recepción de un aporte de 300,000 dólares de la constructora Odebrecht para el financiamiento de la campaña de la Alianza por el Gran Cambio en los comicios generales de 2011.
La decisión jurisdiccional extingue la acción penal en este extremo de la megacausa en este sábado 16 de mayo de 2026.
Alineamiento jurisprudencial con el criterio casatorio de la Corte Suprema
El pronunciamiento del juez Concepción Carhuancho responde de manera directa a la aplicación del principio de predictibilidad y jerarquía judicial, luego de que la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenara, en diciembre pasado, el sobreseimiento de la causa para la co-procesada Susana de la Puente Wiese.
Aunque el juzgado de primera instancia había rechazado inicialmente los recursos de la defensa de De la Puente, la resolución de la Sala Suprema sentó un precedente vinculante respecto a la tipicidad de los hechos imputados. En consecuencia, el magistrado varió su criterio inicial para adecuar el proceso a la doctrina legal fijada por el tribunal supremo.
Análisis de la imputación fiscal sobre el flujo financiero de la Caja 2
La tesis del Ministerio Público sostenía que Kuczynski y De la Puente ejercían la dirección de una presunta organización criminal enquistada en el partido político, la cual habría recepcionado el dinero en efectivo de manos del ex-directivo Jorge Barata en las oficinas de la constructora en San Isidro.
De acuerdo con la fiscalía, los fondos provenientes de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se canalizaron de manera internacional mediante una cuenta de la co-procesada en el JP Morgan y, posteriormente, en el sistema financiero local a través de Scotiabank, sumado a una transferencia de 50,000 dólares de la firma Westfield Capital.
El pliego acusatorio argumentaba que estos recursos se camuflaron ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante el uso de aportantes falsos.
Atipicidad penal del lavado de activos bajo la legislación vigente en 2011
El fundamento jurídico que determinó el archivo del caso se sustenta en que las acciones descritas por la fiscalía no configuran el delito de lavado de activos conforme al marco normativo vigente al momento de los hechos.
El magistrado determinó que la legislación de 2011 exigía que los actos de transferencia u ocultamiento generaran una dificultad real y efectiva para la identificación del origen del dinero. Dado que el propio requerimiento fiscal detalla que los fondos transitaron formalmente a través de cuentas bancarias identificables en el JP Morgan y Scotiabank, la judicatura concluyó que el uso del sistema financiero formal facilitó el rastreo de la ruta del dinero en lugar de obstruirlo, desestimando también el cargo de asociación ilícita al carecer de un delito base.
A pesar del cierre definitivo de la investigación correspondiente a los fondos electorales del año 2011, la situación jurídica de Pedro Pablo Kuczynski se mantiene bajo la supervisión del sistema judicial. El ex-jefe de Estado continuará sometido a la acción de la justicia debido a que registra otros dos procesos penales independientes de gran envergadura en el marco del caso Lava Jato: el expediente vinculado a las consultorías de su empresa Westfield Capital, el cual ya ingresó formalmente a la etapa de juicio oral, y la investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de la carretera Interoceánica Sur (IIRSA Norte).
