El sistema falló. El sistema era el plan –
Por Sergio Bolívar
Artículo de opinión
Cuarenta y un millones de soles en equipos. Ni un voto transmitido. Trece colegios cerrados. Hasta 63 mil peruanos sin poder votar el día oficial. Eso no es un accidente administrativo. Es un presupuesto ejecutado y un resultado que no llegó. Alguien responde por eso. El nombre inmediato es Piero Corvetto: investigado por colusión agravada, allanado el 24 de abril, con pedido de impedimento de salida del país. Pero la cadena no termina en él. Está la JNJ que lo ratificó, el Congreso que no legisló, los colegios profesionales callaron. La responsabilidad es sistémica y quedan 38 días antes de la segunda vuelta.
En mayo de 2024, la JNJ no ratificó a Corvetto. Cuatro votos contra uno. Marco Tulio Falconí dejó escrito en su voto singular lo que nadie quiso leer: el plan operativo no incluía cambios sustanciales. Dos meses después, dos miembros inhabilitados por el Congreso fueron restituidos vía amparo. Con el pleno reconstituido, Corvetto fue ratificado seis a uno. Falconí mantuvo su voto en contra. Los demás firmaron. Ese fue el primer momento en que el sistema no falló por accidente. Se trataba de una decisión.
El simulacro del 5 de abril —seis días antes del voto— no incluyó el módulo STAE. Tampoco el módulo de presentación de resultados. Lo documentó la OEA, como organismo internacional que estuvo en el terreno. Galaga S.A.C., contratado por S/ 6,3 millones para la distribución, era la oferta más cara. Acumulaba tres penalidades previas de la propia ONPE. Tenía 13 trabajadores en planilla y acreditó 68 vehículos. La Contraloría emitió 274 informes de advertencia. Más del 83% no fueron implementados. La ONPE los recibió, los archivó y siguió adelante. El 17 de abril, cuatro días antes de que Corvetto renunciara, la ONPE descartó el STAE para la segunda vuelta mediante resolución jefatural. Eso no es corrección de curso. Es una confesión: el sistema no estaba listo y lo sabían antes de que nadie votara.
López Aliaga convirtió una crisis real en un circo. Sus acusaciones sobre las mesas serie 900.000 —que existen desde 2005 para centros poblados alejados, documentado por la propia ONPE— le dieron a la institución la coartada perfecta: defender lo indefendible frente a lo indemostrable. Cada acusación sin prueba fue un minuto de oxígeno para quienes sí tienen cuentas pendientes. Los mercados no esperaron el debate. El sol cayó 3,5% desde el 12 de abril, la segunda mayor depreciación post-primera vuelta de este siglo, según el IPE. La BVL bajó 3,3%. El EMBIG Perú, principal indicador de riesgo país, subió cuando la región bajaba. El mercado no castiga solo al candidato que avanza. Castiga la duda sobre si el resultado será aceptado. Esa prima de riesgo la pagan las inversiones, los empleos, el tipo de cambio. Y una auditoría forense la reduce.
Tenemos treinta y ocho días y no soportaremos más excusas. Primero: el JNE debe convocar esta semana una auditoría forense al Sistema de Cómputo Electoral, al padrón por muestreo estadístico y a la cadena de custodia para el 7 de junio, con firma auditora internacional sin vínculo previo con la ONPE. Colombia lo hizo con CAPEL mientras corría su propio cronograma. ¡Se puede! Segundo: toda acta escaneada se publica en repositorio público desde el cierre de cada mesa. Brasil lo hace desde 2002, Colombia desde 2019. No se trata de tecnología, es cuestión de voluntad. Tercero: la CONFIEP, la SNI y la Cámara de Comercio de Lima declaran públicamente su respaldo a la auditoría y la solicitan con urgencia. No sólo por civismo, sino por cálculo. Cada punto de incertidumbre post-electoral cuesta inversión. El gremio que calla es cómplice del costo que pagará después. Roberto Burneo, presidente del JNE, dijo el 17 de abril ante el Congreso que lo ocurrido fue una situación gravísima. Esa frase lo compromete. El liderazgo que el momento exige no es el del funcionario que declara. Necesitamos del funcionario que firma el contrato de auditoría. Burneo tiene la autoridad. La pregunta es si tiene la decisión.
El Tribunal Constitucional alemán ordenó repetir elecciones en 455 distritos de Berlín en 2023. Sin fraude detectado. Bastaron irregularidades procedimentales que el sistema no podía descartar. Ese es el estándar: no probar que hubo fraude, sino demostrar que no pudo haberlo. El Perú no tiene un problema de fraude electoral. Tiene un problema de diseño institucional que hace que cualquier resultado parezca fraudulento cuando el sistema no puede demostrar lo contrario. No es lo mismo. Y confundir ambas cosas le conviene exactamente a quienes no quieren que se audite nada. No se sabe si hubo fraude. Pero sí se sabe que el sistema no puede demostrar que no lo hubo. Esa diferencia es el problema. Como decía Confucio, el hombre que mueve montañas comienza quitando piedras pequeñas. La auditoría es esa piedra. Sin ella, el 8 de junio empezará con la misma pregunta que el 13 de abril: ¿y ahora a quién le creemos?
