PJ dicta 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto y exdirectivos de la ONPE –
Fiscalía investiga a Piero Corvetto por colusión: Medida cautelar alcanza a otros seis ex-funcionarios.
El Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra el ex-jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros seis implicados en una investigación por el presunto direccionamiento de un contrato millonario para la distribución de material electoral en los comicios del pasado 12 de abril.
La decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria responde a un requerimiento del Ministerio Público, que advirtió un potencial riesgo de fuga tras hallar documentos de viaje adicionales durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto en Miraflores.
Aunque el exfuncionario entregó sus pasaportes peruano e italiano, la Fiscalía detectó un documento vigente adicional que podría facilitar su salida del territorio nacional.
La tesis fiscal sostiene la existencia de una presunta colusión agravada entre funcionarios de la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. para favorecer a esta última en el servicio de transporte de carga nacional, valorizado en S/6,368,332.70.
La investigación cuestiona la aplicación de criterios técnicos arbitrarios durante la evaluación de propuestas: el comité habría descontado ilegalmente espacio de la cabina en las unidades de los competidores para invalidar sus vehículos, permitiendo que Galaga obtuviera 50 puntos técnicos frente a los 20 de la empresa Hermes Transportes Blindados S.A., a pesar de que esta última presentaba una mejor oferta económica.
Además de Corvetto, la restricción judicial alcanza a ex directivos clave como José Samamé y el suspendido subgerente Juan Phang, así como a representantes de la empresa proveedora. Según el expediente, de no haberse aplicado este ajuste irregular en la medición de los vehículos, la empresa Hermes habría liderado el puntaje total, lo que sugiere una manipulación de las bases para otorgar la buena pro al consorcio cuestionado. El Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada investigado por los delitos de colusión y omisión de actos funcionales en agravio del Estado.
