Dina Boluarte descarta búsqueda de asilo y afirma rotundamente: “No soy responsable de delitos”
La ex-presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó este viernes que no buscará asilo ni abandonará el país, un día después de ser destituida por el Congreso. En un breve pronunciamiento ante los medios, Boluarte aseguró que no es «responsable de ninguno» de los múltiples casos por los que la Fiscalía la investiga, reafirmando su intención de permanecer en su domicilio en Surquillo.
«Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar», sostuvo la ex-gobernante, quien estuvo acompañada por su abogado, Juan Carlos Portugal. Boluarte reiteró que no está «siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país» y afirmó estar «tranquila» con su conciencia.
Los rumores sobre un eventual asilo en embajadas como las de Argentina, Brasil o Ecuador surgieron la noche del jueves, inmediatamente después de que el Congreso votara por su destitución. A pesar de los desmentidos de su abogado, decenas de personas se congregaron en la Embajada de Ecuador en Lima para protestar y tratar de impedir cualquier ingreso de la ex-mandataria a dicha sede diplomática.
Mientras tanto, el Poder Judicial informó que el próximo miércoles evaluará una petición presentada por el fiscal general, Tomás Gálvez, para imponer a Boluarte un impedimento de salida del país que podría extenderse hasta por tres años. Esta medida cautelar abarcaría al menos tres de las once investigaciones que enfrenta la destituida presidenta.
Negación de cargos en múltiples investigaciones
Boluarte se defendió de las acusaciones de la Fiscalía, que abarcan desde presunta corrupción hasta violaciones a los derechos humanos, declarando enfáticamente: «Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos».
Entre los cargos más graves que se le imputan se encuentra la muerte de al menos 49 personas durante la represión de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Estas manifestaciones se desataron luego de que Boluarte, quien era vicepresidenta, asumiera la Jefatura de Estado tras el fallido intento de golpe de Pedro Castillo.
Adicionalmente, la ex-mandataria es investigada por:
- Regalos lujosos: Supuestamente recibir y no declarar relojes Rolex y joyas.
- Negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo: Por lo cual la Fiscalía ha solicitado 18 meses de impedimento de salida.
- Lavado de dinero: La Fiscalía ha pedido 36 meses de impedimento de salida por un supuesto blanqueo de capitales destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre con el que Boluarte y Castillo ganaron las elecciones.
- Falsificación y omisión de información: Por supuestamente falsificar firmas en decretos y no informar sobre su impedimento físico para ejercer el cargo tras someterse a una serie de cirugías estéticas.
