“Reorganización de penales muestra resultados positivos en seguridad y gestión” –
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, informó que la estrategia nacional del Ejecutivo para desarticular la criminalidad en las cárceles ha logrado resultados tangibles, consolidando una hoja de ruta técnica y operativa que será entregada a la próxima administración.
Durante un balance de gestión del año 2025, el titular del sector destacó el fortalecimiento de la seguridad en los penales, el endurecimiento de los regímenes disciplinarios y un impacto económico positivo de millones de soles en favor de las poblaciones vulnerables a través de los servicios de asistencia legal gratuita.
Martínez subrayó que el país ha pasado de una postura defensiva a una ofensiva contra el crimen organizado, recuperando el principio de autoridad en los 69 establecimientos penitenciarios del territorio nacional.
La Dirección General de Defensa Pública se consolidó en 2025 como el brazo articulador para garantizar el derecho a la justicia de ciudadanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Entre enero y octubre, este órgano logró superar el millón y medio de atenciones, brindando patrocinio legal y absolución de consultas en todo el país.
- Ahorro ciudadano: Los servicios gratuitos generaron un ahorro directo de 325 millones de soles para la población beneficiaria, monto que habrían tenido que invertir en servicios legales privados.
- Pensiones y reparaciones: La defensa pública obtuvo sentencias favorables que representaron más de 46 millones de soles en pensiones de alimentos y 36 millones de soles en reparaciones civiles para víctimas de delitos.
- Infraestructura de atención: Se fortalecieron 15 Centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra y Mega Alegra) en alianza con el Banco Mundial, además de atender a 221,000 personas mediante campañas itinerantes en plazas y mercados de zonas alejadas.
Ofensiva contra la criminalidad en el sistema penitenciario
En materia de seguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia impulsó una reorganización integral del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Programa Nacional de Centros Juveniles. La gestión se enfocó en neutralizar las actividades ilícitas que se gestionan desde el interior de los penales mediante un incremento del 20 % en los operativos de requisa a escala nacional.
- Hallazgos y control: Las intervenciones permitieron el decomiso masivo de drogas, teléfonos celulares y equipos eléctricos prohibidos, reforzando el control interno en los centros de reclusión.
- Régimen Cerrado Especial: Se implementó una normativa disciplinaria más severa que reduce a solo dos horas la salida al patio para internos peligrosos, restringe las visitas y aplica el denominado «apagón eléctrico», eliminando cualquier posibilidad de uso de dispositivos electrónicos en las celdas.
Sostenibilidad y legado para la próxima gestión
El ministro Martínez enfatizó que estas acciones no son medidas aisladas, sino parte de un compromiso sistémico para garantizar la seguridad pública y el ordenamiento de la justicia juvenil.
La actual administración trabaja en dejar un camino allanado y libre de dificultades para el próximo gobierno, asegurando que las reformas estructurales y los protocolos de seguridad queden institucionalizados.
Con la recuperación del principio de autoridad y la modernización del acceso a la justicia, el Ejecutivo busca dejar una base sólida que permita dar continuidad a las obras y propuestas en beneficio de la seguridad nacional y la paz social.
