Gobierno dicta medidas de emergencia para proteger el transporte público –
Estrategia gubernamental busca blindar a transportistas y pasajeros para asegurar la operatividad del sector.
El Gobierno oficializó un paquete de medidas extraordinarias destinadas a erradicar la extorsión y el sicariato en los sectores de transporte público y de mercancías, priorizando la seguridad de operarios y pasajeros.
A través del Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, se establece una estrategia integral que incluye patrullajes georreferenciados, el uso de tecnologías como botones de pánico y videovigilancia integrados al sistema C5i, y el resguardo absoluto de la identidad de los denunciantes. Estas acciones, articuladas entre diversos ministerios y la Policía Nacional del Perú (PNP), buscan blindar la operatividad de este servicio esencial y evitar que la criminalidad organizada interrumpa el flujo económico y el abastecimiento en el país.
Prevención estratégica y vigilancia financiera
La nueva normativa otorga facultades de supervisión a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para monitorear transferencias sospechosas vinculadas a actividades extorsivas, permitiendo detectar el rastro del dinero ilícito.
Paralelamente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) identificará rutas y paraderos críticos para la implementación progresiva de dispositivos de seguridad operativa. La División del Observatorio del Crimen de la PNP será la encargada de elaborar los mapas delictivos temporales que optimizarán el despliegue policial, centrando los recursos en las zonas de mayor vulnerabilidad para conductores y empresas de carga.
Para garantizar una reacción rápida, el Estado ha dispuesto la creación de centros de comando y patrullaje focalizado con unidades especializadas en combatir el sicariato. Los mecanismos de protección para las víctimas incluyen canales de orientación específicos y botones de pánico anti-extorsión, asegurando que propietarios y familiares amenazados cuenten con resguardo preventivo.
Asimismo, se fortalecerá la coordinación entre la Policía Nacional y las fiscalías especializadas para acelerar las investigaciones contra bandas criminales, permitiendo incluso la habilitación de rutas provisionales en caso de ataques para evitar el desabastecimiento de servicios básicos.
El plan gubernamental también contempla una fase de recuperación para los afectados, que incluye la creación de un fondo de apoyo financiero y atención psicológica para las víctimas de la violencia criminal. A través del programa «Ruta Segura Restablecida», el Ejecutivo financiará la reparación de infraestructura y equipamiento de transporte que haya resultado dañado por hechos delictivos.
De esta manera, se busca no solo la captura de los responsables, sino también la reinserción laboral de los trabajadores y la sostenibilidad económica de un sector estratégico para el desarrollo nacional en este 2026.
