Gobierno oficializa endurecimiento de penas y tipifica nuevas conductas ligadas a la minería ilegal –
El Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1695, una reforma estructural que endurece la respuesta penal contra la minería ilegal al incrementar las penas mínimas y tipificar como delitos todas las fases de su cadena logística.
La normativa, publicada este martes en El Peruano, busca desarticular las redes de explotación, transporte, acopio y exportación de minerales ilícitos, integrando estas conductas dentro de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030.
La nueva legislación, diseñada por la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior (Mininter), permite al Estado enfrentar la minería ilegal como un fenómeno complejo y estructurado. Al sancionar de forma integral desde el beneficio hasta el tráfico de recursos, la reforma habilita el uso de técnicas especiales de investigación y restituye competencias plenas a las fiscalías especializadas.
Este enfoque integral es fundamental dado que esta actividad criminal genera pérdidas tributarias que ya superan a las del narcotráfico y provoca daños ambientales de carácter irreversible.
Uno de los cambios más significativos de la reforma es la eliminación del principio de oportunidad para los delitos de minería ilegal. Esta medida cierra una vía legal que permitía evitar condenas efectivas, garantizando que la gravedad del daño económico y social sea castigada con proporcionalidad.
Asimismo, el Mininter aclaró que la norma no criminaliza a los pequeños productores en proceso de formalización, manteniendo una distinción clara entre la minería informal (en vías de regularización) y la minería ilegal (realizada en zonas prohibidas o sin intención de formalizarse).
La actualización del Código Penal busca adaptar la justicia a la evolución de las organizaciones criminales que operan en este sector. Al tipificar nuevas conductas, se facilita la persecución penal de los financistas y operadores logísticos que anteriormente quedaban fuera del alcance de la ley. Con estas herramientas, el Estado peruano adopta una postura de tolerancia cero, orientada a asfixiar económicamente a las mafias y proteger los recursos naturales estratégicos del país.
