JNE confirma exclusión de Ana Zegarra de la carrera electoral 2026 –
Sentencia vigente impide reelección de Ana Zegarra en los comicios 2026.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la exclusión definitiva de la congresista Ana Zegarra de las Elecciones Generales 2026, desestimando su recurso de apelación. La decisión del máximo tribunal electoral confirma el fallo del JEE Maynas, el cual declaró fundada la tacha contra la legisladora de Somos Perú por mantener una sentencia vigente por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Con esta resolución, Zegarra queda impedida de postular a la Cámara de Diputados por Loreto y deberá abandonar sus funciones parlamentarias en julio de este año.
La tacha se sustenta en el artículo 34-A de la Constitución, que prohíbe la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso. En el caso de Zegarra, el colegiado determinó que su situación técnica se ajusta estrictamente a este impedimento, dado que cuenta con una condena ratificada en segunda instancia que le impone un año y cuatro meses de prisión suspendida y reglas de conducta.
El proceso penal contra la congresista surgió tras omitir información relevante en su hoja de vida durante los comicios de 2018. Según la Sala Penal de Apelaciones, Zegarra solo registró una de sus dos sentencias previas, a pesar de que el sistema informático permitía declarar la totalidad de sus antecedentes. El tribunal precisó que esta omisión no fue un error técnico, sino una decisión consciente de la candidata al incumplir la obligación de consignar todas sus sentencias vigentes.
La resolución del JNE cierra la vía administrativa para la parlamentaria somista, reafirmando que la falsa declaración en documentos oficiales es un supuesto impeditivo insalvable para cualquier cargo de elección popular. La justicia electoral determinó que los hechos se subsumen totalmente en las prohibiciones constitucionales vigentes, garantizando que los candidatos en el proceso de 2026 cumplan con los estándares de transparencia e idoneidad exigidos por ley.
