TC aceptó el pedido de Delia Espinoza para sumarse a la demanda competencial de la JNJ –
La decana del CAL intervendrá en la audiencia de Arequipa por el caso de la Fiscal de la Nación.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró procedente la solicitud de la magistrada Delia Espinoza para ser incorporada en calidad de tercero con interés legítimo en la demanda competencial interpuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial (PJ).
El máximo tribunal fundamentó su decisión en que las resoluciones judiciales que la JNJ busca anular se originaron a raíz de una acción de amparo presentada por la propia Espinoza.
La resolución precisa que, debido a su condición procesal, la magistrada no ostenta facultades para interponer reposiciones, nulidades, excepciones o recusaciones; sin embargo, queda habilitada para presentar escritos con propuestas de interpretación jurídica y solicitar el uso de la palabra para informar oralmente ante los magistrados.
Descentralización de la audiencia pública en Huánuco
El TC ratificó el cronograma de la vista de la causa, programando la audiencia pública para este jueves 21 de mayo de 2026. En línea con la política de descentralización de la justicia constitucional, el debate no se desarrollará en la capital, sino en la sede de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.
Esta metodología de trasladar causas de alta relevancia al interior del país cuenta con precedentes inmediatos; la demanda de la ex-fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el proceso competencial del Poder Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Boluarte contra el Ministerio Público se dirimieron en la ciudad de Arequipa, fijando en este último caso límites a las pesquisas fiscales contra mandatarios en funciones.
Los fundamentos de la demanda de la JNJ contra la judicatura
El conflicto constitucional entre la JNJ y el PJ se centra en el bloqueo de una medida cautelar que ordenaba la reposición de Delia Espinoza en sus funciones previas. La demanda, canalizada inicialmente durante la gestión de Gino Ríos Patio al frente de la JNJ, cuestiona la interferencia de dos amparos admitidos por el Poder Judicial: uno impulsado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) para anular el concurso de selección de los miembros de la Junta, y el de la propia Espinoza contra el procedimiento disciplinario derivado de las investigaciones del caso Benavides. La JNJ argumenta que ambas vías judiciales configuran un menoscabo a sus atribuciones de control y sanción.
El núcleo del reclamo institucional cuestiona la actuación del juez Juan Torres Tasso, quien dictó un mandato perentorio de dos días para la restitución de Espinoza. La JNJ denunció ante el TC que dicha resolución no fue notificada formalmente por los canales de ley, tomando conocimiento del fallo a través de la prensa escrita.
Asimismo, el organismo señala una extralimitación de competencias y ruptura del principio de congruencia procesal, debido a que el magistrado Torres Tasso ordenó la suspensión total de los cuatro cargos imputados en el cuaderno disciplinario, cuando la medida cautelar original solo otorgaba cobertura jurídica a dos de ellos.
Alerta por parálisis institucional del sistema de justicia
El segundo extremo de la estrategia de la JNJ busca que el TC ordene la paralización definitiva del amparo promovido por el IDL. Dicha organización civil recurrió a la vía judicial tras las observaciones críticas de una misión internacional de expertos respecto al concurso de selección de consejeros, conducido por la Comisión Especial que preside el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Aunque este proceso constitucional aún carece de una sentencia en primera instancia, la JNJ advirtió formalmente al colegiado que la eventual emisión de una medida cautelar que suspenda la elección de sus siete integrantes generaría un estado de parálisis orgánica irreversible, provocando un perjuicio directo en el nombramiento y ratificación de magistrados en todo el aparato de justicia.
